El abogado Dennis Muñoz, defensor de seis líderes comunitarios acusados de asesinar a una mujer en 1989 en el contexto del conflicto armado interno (1980-1992) en El Salvador, pidió este viernes que se respete el derecho a la defensa de sus representados y que una corte verifique el estado de salud de los mismos.
Muñoz presentó una solicitud ante el Juzgado Quinto de Vigilancia Penitenciaria en la que, en primer lugar, pide que «como calidad de defensor particular de los detenidos tenga acceso a entrevistarlos».
El letrado dijo a periodistas que lo que se busca es «evitar que se siga vulnerando el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa técnica».
Señaló que, además, solicitó «una inspección por parte del juzgado para verificar si (los detenidos) están vivos y cuáles son las condiciones de salud en las que se encuentran», tomando en cuenta que «son personas adultas mayores que padecen enfermedades crónicas y degenerativas».
«El derecho a la defensa y a la salud no debe de estar coartado en ningún momento a pesar de encontrarnos en un régimen de excepción», apuntó.
La medida de régimen de excepción, implementado en El Salvador para ‘combatir’ a las pandillas, suspende varios derechos constitucionales, entre estos el derecho a la defensa.
De acuerdo con la Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Martes (ADES), de la que forman parte los detenidos, la Fiscalía General de la República los acusa «sin pruebas reales» de un supuesto crimen durante la guerra civil.
Aseguró que «este es el único caso sobre delitos de la guerra donde los acusados están en prisión, lo cual constituye una discriminación y una grave violación al principio de igual en los procesos judiciales».
Los señalados -en total ocho pero solo seis están detenidos- son procesados por los delitos de asesinato, privación de libertad y agrupaciones ilícitas.
Los procesados son Miguel Gámez, Alejandro Laínez, Pedro Rivas, Teodoro Pachecho, Saúl Rivas y Fidel Recinos. Además, es señalado el excomandante guerrillero y «uno de los firmantes de los Acuerdos de Paz» de 1992 Eduardo Sancho Castaneda, con seudónimo de guerra Fermán Cienfuegos.
La comunidad Santa Marta, ubicada en el central municipio de Victoria, fue una de los lugares más golpeados durante el conflicto armando interno y sus habitantes han pedido en reiteradas ocasiones justicia ante los casos de violaciones de derechos humanos.
Lideres comunitarios de esa ciudad fueron los pioneros de una ley contra la minería, aprobada en marzo de 2017 por el Congreso y que prohíbe la exploración, extracción, explotación y procesamiento, ya sea a cielo abierto o subterráneo en el país.
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