Un informe sobre las torturas en las cárceles de Nicaragua divulgado este lunes concluyó que el Comité contra la Tortura (CAT) de la ONU debe instar al Gobierno de Daniel Ortega a que investigue los casos de torturas contra los denominados «presos políticos» y «excarcelados políticos».
El informe, elaborado por la Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH) y la Unión de Presas y Presos Políticos de Nicaragua (UPPN), concluyó que el CAT «debe instar al Estado a garantizar de inmediato la apertura de las investigaciones judiciales por los casos de tortura, tratamientos crueles e inhumanos y degradantes».
Bajo el título «Detenidos, torturados y desplazados: El presidio político y sus secuelas en Nicaragua», el informe fue elaborado «con base en entrevistas a personas víctimas de tortura con ocasión de su detención arbitraria y su detención en los lugares de reclusión en Nicaragua, personas que fueron detenidas como consecuencia de la represión desatada por parte del Estado frente a las manifestaciones», según las organizaciones.
Según el informe, los 30 casos documentados forman parte de un grupo de más de 1.600 nicaragüenses que a partir de 2018 sufrieron detenciones «arbitrarias», ejecutadas por policías y personas de civil, y de los cuales más de 800 de estas personas «han sido juzgadas y condenadas a prisión por jueces parcializados a favor del gobierno de turno».
De los 20 hombres y diez mujeres entrevistadas para el informe, 25 dijeron haber sido víctimas de «uso de fuerza excesiva por parte de los captores», 20 de ellas «estando esposados», 13 dijeron que fueron golpeados «con tanta fuerza que se le provocaron moretones o raspones», y tres sufrieron «heridas graves o quebraduras», una víctima «fue desnudada parcialmente».
TORTURAS POR SEXO
«Se reportó una incidencia de tortura en 16 categorías de métodos de tortura de la Comisión Valech. En su mayoría (26) las víctimas fueron torturadas en más de una manera, once víctimas reportaron la aplicación de entre cuatro y nueve métodos de tortura en su caso. El 93 % de las víctimas reportó el uso reiterado de los métodos de tortura, en especial de amenazas y golpizas durante los interrogatorios», agregó el informe.
También detectó «una tendencia en los casos de las mujeres de amenazas con hacer daño a sus hijas e hijos por medio de la violencia sexual y de matar o apresar a familiares, padres o parejas. También se amenazaba con la realización de torturas físicas. Casi todas las mujeres fueron desnudadas forzosamente en repetidas ocasiones».
En el caso de los hombres, «hubo una tendencia manifestada en algunos casos de enfocarse en los genitales: forzar la apertura de las piernas y propinar varias patadas o golpes a los genitales durante varios minutos hasta horas, provocando que se desmayara la víctima y se le despertara de bofetadas en la cara solamente para seguir con las patadas en sus partes íntimas».
La excarcelación no significó libertad, de acuerdo con el informe, debido a las «secuelas y persecución» posterior, como padecimientos adquiridos durante el presidio, fracturas de huesos, trastornos psicológicos, infecciones, discapacidad auditiva, e incluso un caso de VIH adquirido por violación, puntualizaron las organizaciones.
ESTADO DEBE GARANTIZAR REPARACIÓN
Otras consecuencias fueron la ruptura económica familiar, «asedio, amenazas y violencia, por parte de agentes de la Policía Nacional y agentes paraestatales», así como el desplazamiento forzoso, tal como ocurrió a 21 de los 30 entrevistados, conforme el estudio.
La RIDH y UPPN coincidieron en que el CAT debe insistir en que el Gobierno de Nicaragua permita una «visita de carácter urgente», y que las investigaciones deben responsabilizar a los autores materiales e intelectuales de las torturas, penalizar a los jueces involucrados, y que el Estado debe garantizar reparación.
Desde abril de 2018 Nicaragua vive una crisis sociopolítica que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha dejado al menos 355 muertos, aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200; así como más de 200.000 exiliados, principalmente a Costa Rica.
La crisis se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del pasado 7 de noviembre, en las que Ortega, en el poder desde el 2007, fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.
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