La Fiscalía colombiana descartó el jueves que la vicepresidenta, Francia Márquez, haya estado en riesgo de sufrir un atentado con explosivos en enero, cuando la alta funcionaria denunció amenazas contra su vida.
El fiscal general, Francisco Barbosa, dijo a la prensa que a través de un dictamen pericial que hizo el equipo de investigaciones encontraron que “no se puede concluir que había un artefacto explosivo improvisado que causara un daño para un posible atentado”.
La conclusión de la Fiscalía contradice un informe divulgado por Márquez el 10 de enero en el que detallaba que su equipo de seguridad encontró de siete a nueve kilogramos de explosivos instalados a un metro de la carretera que conduce a su residencia familiar en Yolombó, al suroeste del país, durante una inspección de seguridad previa a la visita que Márquez tenía planificada a la zona.
“Nosotros descartamos el atentado y seguimos investigando en todo lo relativo a su esquema de seguridad”, aseguró Barbosa.
El fiscal añadió que identificaron al autor de un correo electrónico con un mensaje amenazante que recibió la vicepresidenta y del cual informó el 23 de marzo. El hombre fue ubicado en Antioquia, al noroeste del país, y según Barbosa aceptó ser el autor del mensaje, por lo que será imputado por el delito de amenaza a servidores públicos.
Tras denunciar un intento de atentado en enero, Márquez maximizó su seguridad y en adelante decidió transportarse en helicóptero para ir hasta Yolombó para visitar a sus allegados, lo que ha generado críticas de algunos sectores políticos del país que cuestionan falta de austeridad.
En la comunidad internacional, la denuncia de Márquez por considerar que su vida corría riesgo tuvo eco y los representantes de Francia, Malta, Albania, Emiratos Árabes Unidos, Japón, Brasil y Ecuador manifestaron su rechazo al atentado durante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas celebrado en enero.
Los problemas de seguridad de Márquez no iniciaron con su cargo como vicepresidenta. Antes, como líder social y ambiental, sobrevivió a un atentado con una granada en 2019 y ha denunciado múltiples amenazas por señalar la minería ilegal en su territorio.
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