Los tribunales de El Salvador ordenaron que más de 36,000 personas detenidas bajo el régimen de excepción, vigente desde inicios de marzo, guarden prisión preventiva mientras enfrentan un proceso penal, según informó este domingo la Presidencia.
Este dato se desprende de una afirmación del fiscal general, Rodolfo Delgado, citado por la Presidencia en un comunicado de prensa.
«Llegamos a más de 36 mil detenciones provisionales. Los equipos fiscales han presentado 767 requerimientos. Ganaremos esta batalla», indicó el titular de la Fiscalía.
De acuerdo con la Presidencia, esto significa que «8 de cada 10 pandilleros que la Policía Nacional Civil (PNC) ha detenido esperan el desarrollo de su proceso penal en la cárcel» y añadió que «es la ruta que seguirán todos».
Son cerca de 42.000 las persona detenidas bajo este régimen, que suspende garantías constitucionales, de las que el presidente Nayib Bukele ha dicho que el 1 % podrían ser arrestos por «error».
Una docena de organizaciones humanitarias salvadoreñas e internacionales expusieron recientemente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que han recibido miles de denuncias de atropellos.
Entre las ONG y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) son más de 3.000 las denuncias, principalmente por detenciones arbitrarias.
También denunciaron ante la CIDH, en una audiencia pública en la que el Estado salvadoreño declinó participar, que son al menos 52 personas las detenidas y que han fallecido bajo custodia estatal.
El encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en El Salvador, Patrick Ventrell, reconoció el viernes las «fuertes acciones» del Gobierno de Bukele contra las pandillas, pero señaló que el régimen de excepción vigente desde finales de marzo es «insostenible».
«El régimen de excepción no puede seguir para siempre y en una democracia todas las personas acusadas de un crimen deben ser procesadas con un sistema de justicia transparente», dijo el diplomático.
Una ola de asesinatos el último fin de semana de marzo se saldó con 87 víctimas. En respuesta, el Congreso aprobó la suspensión de garantías constitucionales para darle poderes especiales al Ejecutivo.
El mandatario salvadoreño ha señalado que se está cerca de ganar la «guerra contra las pandillas» con esta medida, que se ha visto acompañada de reformas penales para endurecer las condenas contra los pandilleros.
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