Santo Domingo.- El Gobierno dominicano estudia qué pasos puede dar para proteger la producción nacional de arroz ante la desgravación arancelaria prevista a partir de 2025, un sector «fundamental para nuestra economía», según el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez.
«El presidente ya anunciará en su momento esos pasos. Prefiguró en el discurso del 27 de febrero que no se permitirá que haya un descalabro de este sector tan fundamental para nuestra economía. Ya veremos cuáles serán las medidas», dijo Álvarez en una entrevista a EFE con motivo de la próxima celebración de la XXVIII Cumbre Iberoamericana en Santo Domingo.
El ministro subrayó el papel del arroz como «una parte de la columna vertebral de la seguridad alimentaria dominicana», pues se trata de uno de los productos de mayor consumo diario en el país.
Se trata, detalló, de un producto de «alta sensibilidad» para la economía dominicana: «unas 320.000 personas trabajan el área (de ellas unas 20.000 en empleos directos y 300.000 indirectos), afecta a unas veinte provincias del país, produce alrededor de 26.000 millones de pesos anuales (más de 475 millones de dólares al cambio actual) que se mueven a través de la banca, los seguros, el transporte».
En su discurso de rendición de cuentas ante el Congreso Nacional el 27 de febrero pasado, el presidente dominicano, Luis Abinader, ya anunció la creación de una comisión para iniciar un proceso de protección a la producción nacional de arroz, debido a la desgravación arancelaria que se iniciará en dos años dentro del Tratado de Libre Comercio (DR-Cafta) entre República Dominicana, Estados Unidos y Centroamérica.
El martes pasado, Abinader afirmó que su país no permitirá la apertura del mercado nacional al arroz de Estados Unidos sin aranceles.
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«No vamos a permitir que se abra el país a la parte arrocera de Estados Unidos, un país que también subsidia a los arroceros», dijo Abinader a periodistas.
Se trata de un tema que preocupa mucho al sector y, esta misma semana, la Unión Arrocera Dominicana consideró «necesario el blindaje definitivo de la producción nacional de arroz».
El DR-Cafta fue firmado en 2004 y, en el caso de República Dominicana, entró en vigor en 2007.
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