El Fondo Monetario Internacional (FMI) pronostica un crecimiento del 4 % para la economía dominicana en 2023 y estima que en 2024 el crecimiento se ubicará nuevamente en niveles potenciales a medida que se recupere la economía mundial. Además, proyecta una reducción del déficit en cuenta corriente a mediano plazo, gracias a la disminución de los precios de los productos básicos y a las mejoras constantes en las exportaciones y los ingresos por turismo, impulsados por la recuperación global.
Al concluir la misión del Artículo IV en el país, el equipo técnico del FMI recomendó que, a corto plazo, las políticas se centren en garantizar que la inflación regrese a los niveles establecidos como meta, mantener una trayectoria descendente de la deuda pública a pesar del crecimiento moderado y salvaguardar la estabilidad financiera.
A mediano plazo, se insta a fortalecer aún más los marcos de política, el clima empresarial y las redes de protección social para impulsar un crecimiento inclusivo.
En cuanto a la política fiscal, se aboga por mejorar los marcos fiscales, incluyendo la implementación de una Ley de Responsabilidad Fiscal, así como mejoras en la gestión financiera pública, la gobernanza de la infraestructura y la administración tributaria. Paralelamente, se sugiere llevar a cabo iniciativas para aumentar de manera sostenible los ingresos mediante la ampliación de la base impositiva y la reducción de exenciones, lo que podría respaldar la sostenibilidad fiscal.
La misión del FMI estuvo encabezada por Emilio Fernández-Corugedo, quien visitó la República Dominicana del 8 al 19 de mayo para llevar a cabo las consultas del Artículo IV. En cuanto a la política financiera, el FMI destaca la necesidad de continuar avanzando en la modernización del marco regulatorio y ampliar las herramientas macroprudenciales. Además, se sugiere establecer un marco regulatorio prudencial para las cooperativas de ahorro y crédito, lo cual fortalecería la estabilidad financiera.
Los representantes del FMI también hicieron un llamado a llevar a cabo reformas estructurales y realizar esfuerzos sólidos para mejorar las instituciones públicas, la gestión gubernamental y el clima empresarial, aspectos fundamentales para promover un crecimiento inclusivo y resiliente.
«Las autoridades deben perseverar en las reformas del sector eléctrico y, al mismo tiempo, garantizar un apoyo adecuado a la población más vulnerable. Es necesario continuar adoptando políticas de adaptación y mitigación del cambio climático en el marco del plan de acción de las contribuciones determinadas a nivel nacional, con el fin de reducir las vulnerabilidades», concluye el documento.
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