Santo Domingo. – La Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) infirmaron que los fiscales presentarán cargos criminales contra 10 personas de nacionalidades venezolana, colombiana y dominicana imputadas en la denominada operación Cattleya.
El Ministerio Público destacó que, trabajan junto a la División Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (DEIDET) y el Departamento de Trata de Personas de la Policía Nacional.
Asimismo, explicó que también cuenta con la cooperación internacional de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), de Estados Unidos, y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Además, de las ONG Operation Underground Railroad (O.U.R.), Destiny Rescue y Anti Trafficking Bureau (ATB).
Johanna Bejarán Álvarez, titular de la PETT, explicó que las acciones contra la trata de personas responden a las acciones impulsadas por la gestión de la procuradora general Miriam Germán Brito contra el crimen transnacional.
Bejarán Álvarez indicó que en la operación participan 25 fiscales, más de 200 agentes de la Policía Nacional y más de 50 técnicos de investigación y especialistas en atención a víctimas. Durante los operativos, los equipos ocuparon sustancias controladas, como marihuana y drogas sintéticas.
“Debemos agradecer la cooperación de otros países en esta operación, en especial la de Estados Unidos, una nación que en su informe de este año sobre la trata de personas reconoce que, aunque debemos superar limitaciones, las autoridades de República Dominicana realizamos esfuerzos sostenidos para luchar contra delitos como la trata y el tráfico sexual”, dijo Bejarán Álvarez.
Asimismo, el Ministerio Público señaló que investiga al menos a 14 personas por la comisión del delito de trata, incluyendo a dos procedentes de Colombia y seis de Venezuela.
Según el organismo, los imputados crearon una organización criminal trasnacional dedicada a captar mujeres de entre 18 y 23 años de edad, en diferentes países, específicamente desde Colombia y Venezuela, para la comisión del ilícito de trata de personas bajo la modalidad de explotación sexual comercial. Las jóvenes eran retenidas en el Hotel Caribe, del Distrito Nacional, y en el Residencial Coco Real, en Bávaro, Punta Cana, provincia La Altagracia.
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