En el caso de Panamá y República Dominicana, el juez ya no ve más margen para seguir investigando y considera que hasta ahora no se ha justificado debidamente “la perpetración de los delitos imputados, sin que existan expectativas de obtener nuevos datos inculpatorios”.
En su decisión ha pesado el silencio de República Dominicana y Estados Unidos a la hora de responder a las comisiones rogatorias que cursó la Audiencia Nacional en el marco de sus pesquisas. A día de hoy, dice el juez, no han sido cumplimentadas.
Asume, por tanto, que la instrucción “se encontraría pendiente de diligencias necesarias para esclarecer la realidad de los hechos investigados”, pero el tiempo transcurrido sin que las comisiones rogatorias hayan sido contestadas y sin estar pendientes más diligencias de investigación, considera que lo oportuno es archivar el caso.
Una decisión que adopta a petición de la Fiscalía Anticorrupción, de la empresa Mercados Centrales de Abastecimiento S.A. (MERCASA) y de otros investigados.
Sin embargo, en otros casos, como en la pieza relativa a los contratos de Angola, el juez envió a juicio a 18 procesados por una presunta trama de sobornos a funcionarios del país a cambio de contratos entre 2006 y 2016. EFE
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